No aparecen 10.000 millones del Hospital de Aguachica, Cesar
La Contraloría General de la República, le abrió un proceso de responsabilidad fiscal al suspendido gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco al exgobernador Francisco Ovalle Angarita, al actual gerente del Hospital Jose David Padilla Villafañe, a la exgerente, Jacqueline Bracho Fernández, y al representante legal de la clínica integral de emergencias Laura Daniela, en marco de una auditoria realizada por el ente de control fiscal.
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Según las primeras indagaciones, se registra un daño al patrimonio por 10.375 millones de pesos, ocasionado por varios hallazgos que tendrían que ver con la obras de construcción y dotación de las áreas de cuidados intensivos del hospital y la entrega de la operación de la unidad de cuidados intensivos de neonatos y adultos a los Arce para que operara ese servicio.
Los hallazgos de la Contraloría se sustentan en tres hechos principales, el primero se remonta al año 2013, cuando se puso en marcha el contrato de obra pública 2013021026 cuyo objeto era; Construcción del Hospital David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica Cesar. El segundo por el contrato 2017-02-0825 del 4 de abril de 2017, cuyo objeto era; “Dotación de equipos biomédicos, mobiliarios e intrahospitalarios y equipos fuente de Gases medicinales para la ESE Hospital David Padilla Villafañe.
Dentro de los apartes del informe que pudo conocer la Unidad Investigativa de El Periódico, Jaime Arce representante legal de la clínica Laura Daniela, estaría prestando y cobrando por los servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Jose David Padilla Villafañe que fue construida por la gobernación del Cesar por un valor de 81 mil millones de pesos provenientes de regalías, sin retribuirle un solo peso al hospital. Esto se vendría presentando desde el año 2020.
Primer hecho
Se remonta al año 2013, cuando se puso en marcha el contrato de obra pública 2013021026 cuyo objeto era; Construcción del Hospital David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica Cesar, otorgado por el primer gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco por más de 37 mil millones de pesos a unas contratitas con antecedentes de irregularidades contractuales en el departamento de La Guajira.
Se trata de Ávila LTDA, representada legalmente por Antonio de Ávila Chassaigne, la obra que tenía prevista una duración de 13 meses, es decir debía finalizar en diciembre de 2014, no obstante, en el acta de recibido de la obra registra cuatro prórrogas y tres suspensiones, lo que hizo que la obra finalizara en 2017 es decir cuatro años después.
La Contraloría referenció este hallazgo con el número 94862, determinando que la obra realizada por el contratista quedó inconclusa lo que impidió la puesta en funcionamiento de la Unidad de Quemados de la ESE generando una incidencia administrativa, fiscal y disciplinaria y otras incidencias por valor de 567 millones de pesos.
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El contratista
El contrato fue otorgador por la gobernación del Cesar, al contratista Ávila LTDA, pese a los antecedentes de corrupción que tenía en el departamento del Cesar y La Guajira. En 2011 la empresa representada por Antonio de Ávila Chassaigne, le entregaron un contrato para la construcción de 36 colegios en 15 municipios de ese departamento, por más de 40 mil millones de pesos de los cuales 35 mil eran de regalías. Ese contrato resultó un siniestro desde el proceso de licitación hasta su ejecución.
En el año 2016 cuando aún estaba en ejecución dos hermanos de Antonio, fueron capturados en el aeropuerto de Barranquilla, por apropiación de recursos públicos por más de 20 mil millones de pesos que debieron ser utilizados para la construcción de colegios en el departamento de La Guajira, estos contratistas eran conocidos como los Nule de La Guajira, pese a están inmersos en estos escándalos eran los contratistas preferidos de la casa Monsalvo Gnecco.
Hallazgos por $8.341 millones
Se trata del contrato 2017-02-0825 del 4 de abril de 2017, cuyo objeto era; “Dotación de equipos biomédicos, mobiliarios e intrahospitalarios y equipos fuente de Gases medicinales para la ESE Hospital David Padilla Villafañe. Según la el ente de control fiscal, el hospital hizo una modificación del contrato 127 de 2014 en el cual el aliado estratégico que operaria las UCI debió realizar la dotación de las mismas. Sin embargo, fue el hospital el que realizó la inversión generando un detrimento al patrimonio por 1.055 millones de pesos.
Otro de los hallazgos relacionados con este hecho tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones planteadas en el mismo contrato por la no compra de los servicios de apoyo de diagnóstico y terapéutico, procedimientos y demás servicios complementarios, esto habría conllevado a un detrimento de 210 millones de pesos. Otro hallazgo por el no uso de las áreas de cuidados intermedio adulto y pediátrico y unidad de quemados por 200 millones de pesos
Pero ese solo seria el abrebocas de los hallazgos, debido a que, por el concepto mencionado anteriormente, la Contraloría aseguró que hubo un detrimento por 8.341 millones de pesos. Denominado como lucro cesante y otras irregularidades.
El representante legal de la clínica Lura Daniela en Valledupar, Jaime Arce, habría sido el mayor benefactor, debido a que se habrían beneficiado de las instalaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Jose Padilla Villafañe desde hace varios años, sin retribuir un solo peso al hospital incumpliendo el contrato 127 de 2014 firmado entre la clínica y el hospital.
Los presuntos responsables
Luis Alberto Monsalvo Gnecco; quien fue el gobernador que otorgó el millonario contrato de la construcción del hospital a unos contratistas que demoraron cuatro años para culminar la obra.
Francisco Ovalle Angarita; que fungió como gobernador en el año 2017, cuando se entregó el millonario contrato para dotación de la Unidad de Cuidados Intensivos de la entidad.
Francisco Ovalle Angarita; que también se desempeñó como gobernador en el año 2017, cuando se entregó el millonario contrato para dotación de la Unidad de Cuidados Intensivos de la entidad.
Juan Carlos Quiñones Rincón fue el subgerente del hospital para la época de la modificación del contrato, entre la clínica y el hospital, hoy es el gerente del hospital.
Jacqueline Bracho Fernández quien era la gerente del hospital Jose David Padilla Villafañe, para la época en que se firmaron los polémicos contratos en los que se habrían perdido recursos públicos por mas de 10 mil millones de pesos.
Jaime Arce García; representante legal de la Clínica Laura Daniela, quien según la Contraloría habría explotado económicamente las instalaciones del hospital que fueron construidas con recursos públicos, sin retribuir un solo peso a la ESE.
