Superintendencia de Transportes abre investigación a Velotax
La Superintendencia de Transporte abrió proceso administrativo sancionatorio mediante la formulación de cargos contra el representante legal, revisor fiscal y miembros del consejo administrativo de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. por presuntas irregularidades financieras como en tramitología, que podrían dejar en la quiebra a esta empresa de transporte.
Desde el 2011 distintos integrantes de la Corporación venían denunciando irregularidades administrativas, mediante recursos legales, protestas entre otras acciones que le hicieran saber a las autoridades como ciudadanos que en esta empresa había inconsistencias en su administración.
Luis Javier Nieto, quien fue asociado de la Cooperativa indicó: “nosotros hicimos un plantón que duró tres meses por esos detalles, porque a parte de las inconsistencias ese señor Jairo Pinilla está siendo investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, pero desafortunadamente la justicia ha sido lenta”.
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Así pues, la Superintendencia después de un proceso de recolección de material probatorio, el pasado 5 de mayo emitió la resolución 1408, con la cual hizo evidente la gravedad de la situación y apertura del proceso contra: Rodrigo Aguilar Valle, representante legal; José Eiler Ruiz Vargas, al igual que los miembros del Consejo de Administración, Jairo Pinilla Pérez, Jaime Alvarado Parra, Stella Rodríguez González, Henry Molano, Juan Javier Amaya, Rafael Aguilar González, María Teresa Sepúlveda, Julio César Beltrán Garzón y Nelly Calle Torres, quienes posiblemente no se ciñeron a sus deberes, no fueron responsables frente a sus cargos y tampoco actuaron con buena fe y lealtad.
¿Empresas fantasmas?
La investigación logró determinar que se puso en riesgo la seguridad de los usuarios al dejar sin conocimiento alguno sus necesidades a cargo de organizaciones no certificadas.
Por ejemplo, cuando el Consejo Administrativo de Velotax, el 18 de febrero de 2016, ofició contratos de colaboración con cinco empresas: Veloentregas S.A.S., Velopostal S.A.S, Logística Regional Tolima S.A.S., Velocaribe S.A.S. y Veloenvíos S.A.S., las cuales para el momento de los hechos no se encontraban habilitadas para brindar servicio público de transporte terrestre de carga, como tampoco estaban registradas en Vigía, entidad a través del cual se ejerce las funciones de supervisión, vigilancia y control a las empresas.
Estados financieros
La Superintendencia también encontró inconsistencias por parte del revisor fiscal, quien certificó unos estados financieros, pero tras una visita que realizó el organismo de control se encontró que la información recopilada no concuerda con la realidad ni es confiable.
Asimismo, muchos documentos estaban en formato Word, que están propensos a sufrir alteraciones. La entidad competente no evidenció toda la documentación que sustente la contabilidad.
La resolución evidencia que presuntamente los saldos del Fondo de Reposición registrados en la contabilidad, los certificados y los reportados en certificaciones bancarias, no coinciden.
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“La cooperativa tiene en su haber cinco cuentas bancarias en las cuales maneja los recursos de su Fondo de Reposición”, dice el documento conocido por este medio de comunicación.
Como respuesta a lo anterior, la Cooperativa indicó que los saldos del Fondo de Reposición coinciden en un 99.99 %, donde existe una diferencia muy baja de $1.082 millones. Sin embargo, no enviaron los anexos o evidencia de lo expresado.
Además, durante la pandemia se tomaron medidas para el bienestar de los transportadores, pero se evidenció que presuntamente no se realizó la devolución de unos recursos dando como saldo pendiente por entregar $722.811.836 que corresponden a 130 vehículos.
“Velotax era una Cooperativa que para el 2011 tenía 580 asociados, hoy por hoy solo tiene 120, eso ha sido un descalabro no solo con los conductores, sino que también con los asociados que no están de acuerdo o cuestionan ciertas actuaciones”, dijo Nieto.
Venta inmuebles
En esta misma línea, el Consejo Administrativo de Velotax, le dio el aval a Rodrigo Aguilar (representante legal), el 3 de marzo del 2016, para la venta de unos inmuebles de la organización, sin embargo, no se buscó la autorización de la Superintendencia y se vendieron varias bodegas.
Cabe destacar que para esta fecha la empresa estaba sometida a un proceso de control y vigilancia y que enfrentaba un proceso de investigación.
Por ejemplo, se dice que se vendió una bodega en Neiva por 800 millones de pesos, pero al aparecer, fue enajenada por un valor superior.
Luis Javier Nieto, quien fue asociado de la Cooperativa hasta el 2016, manifestó: “se debió pedir autorización porque estaban bajo control y vigilancia y como no se hizo el trámite legal, pasó la empresa a ser investigada y posiblemente sancionada, ya que se incurrió en una ley que causa nulidad y remoción del cargo”.
Se presume que las modificaciones realizadas buscaban que, para ser asociado, se desembolsará un valor más elevado, como también cambiar los periodos electorales que estaban establecidos.
Después de las justificaciones de la Superintendencia de Transporte y la presunta falta a la verdad, como afecciones a la Institución y sus funciones, la entidad busca ordenar las medidas necesarias en pro de la recuperación de una compañía que afronta situaciones críticas de orden jurídico, administrativo, económico o financiero que afectan la debida prestación del servicio. Por ello, la ‘super’ le dio 15 días hábiles a los presuntos responsables de estas conductas para garantizar su legítima defensa, dado que no suceda, la decisión de la Superintendencia sigue en firme.
No obstante, Nieto expresó: “queremos solicitarle a la Superintendencia que se tomen unas medidas cautelares, porque en la resolución se habla que si en algún momento llegaron actuar con dolo, ellos son responsables con su patrimonio, entonces queremos que se haga algo preventivo, porque si se demuestra que han sido responsables que respondan con sus bienes”.
Punto a tener en cuenta para imponer sanciones
- Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
- Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
- Reincidencia en la comisión de la infracción.
- Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
- Utilización de medios fraudulentos para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
- Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
- Desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.
- Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.
